Los responsables de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Madrid consideran que vender sexo es un atentado contra la dignidad femenina. Su argumento es que la mayoría de las trabajadoras del sexo están bajo el control de las mafias. No tienen estudios sobre cuántas prostitutas hay en Madrid, ni han investigado cuántas están sufriendo coacción. El único dato que ofrecen es que el 85% de ellas son extranjeras y, por lo tanto, vulnerables ante una eventual presión de las mafias.
El problema con el que se encuentran es que la sociedad española no está sensibilizada contra la prostitución. Esta actividad no se percibe como un problema, como sí pasa con el maltrato doméstico. Para convencer a la población de que la prostitución debe desaparecer, el Ayuntamiento recurre al fantasma de las mafias.
El plan municipal se ha hecho pensando en las mujeres que están sometidas a las redes de delincuencia asociada al sexo. En cuanto a las mujeres que libremente han elegido ese oficio, Miura afirma que el porcentaje es tan ínfimo que el Ayuntamiento no puede actuar de acuerdo a sus peticiones.
La postura de las asociaciones partidarias de la legalización, como Hetaira, es la contraria: opinan que la inmensa mayoría de las prostitutas que trabajan en la calle prefieren ése a otros trabajos. Y lo prefieren porque las alternativas –limpieza doméstica o cuidado de ancianos- son casi tan duras como la prostitución pero infinitamente peor remuneradas.
En palabras de Puri, una madrileña de unos cincuenta años que ejerce la prostitución desde hace unos treinta: “Hay algunas que se dan de alta como autónomas de la limpieza y lo tienen todo legal. Pero esto no es manera”. Según Puri, lo que hace falta es que legalicen la prostitución y en la calle ya no se espere con miedo la llegada de un coche de la policía.
El debate entre los abolicionistas, que defienden la erradicación de la prostitución, y los legalistas, que abogan por su regularización, está más vivo que nunca. Todos dicen velar por el bienestar de las mujeres: los ayuntamientos defienden su postura mediante planes, ordenanzas y policías, y las asociaciones legalistas gritan sus consignas en la calle.
Vía Informativos Telecinco